Sofía Rodríguez
Durante la pandemia, el ex secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría entregó más de 61 millones de pesos en ayudas y subsidios a concesionarios del transporte público en el estado; esto a pesar del deficiente servicio que prestan y su incumplimiento a la instalaciones de cámaras de videograbación conectadas al C5.
De acuerdo con la página de Transparencia del gobierno del estado, en el periodo de abril a junio con el pico más alto de casos de coronavirus y la suspensión de clases presenciales, la dependencia en cuestión pagó 32 millones a poco más de 2 mil permisionarios.
El siguiente semestre fueron 13 millones y el último del año, correspondiente a octubre, noviembre y diciembre fueron casi 16 millones de pesos.
Estos pagos se hicieron aún cuando, por la pandemia, las clases presenciales se suspendieron y los concesionarios ya no brindaron la tarifa preferencial a estudiantes, misma por la cual obtendrían un subsidio de 1.25 por alumnos que hiciera uso del servicio.
Cabe mencionar que el nuevamente diputado federal tampoco consiguió en su gestión al frente de la Secretaría, que los concesionarios cumplieran con la instalación de cámaras de videograbación al interior de las unidades para inhibir delitos.
Hasta marzo, 6 mil unidades contaban con estos equipos a pesar de que fue en octubre de 2019 cuando se firmó el compromiso con el Gobierno de Puebla.
Tampoco concluyó con la modernización del transporte que había rebasado la antigüedad permitida, ni la regulación de unidades piratas que ofrecen el servicio de manera irregular. Del retiro de mototaxis, ni hablar, últimos que se han visto involucrados en accidentes fatales.
