La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Poder Legislativo, Mónica Silva Ruiz, explicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no queda acéfala, pues uno de los auditores internos se hará cargo del órgano fiscalizador, hasta en tanto se resuelve la situación legal de Francisco Romero Serrano, acusado por el delito de violencia familiar.
“No es ni siquiera un tema de competencia del Congreso del Estado, ahora mismo la determinación judicial sobre la suspensión temporal del auditor de sus funciones la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior es muy clara y específica de quién debe ocupar el cargo de auditor en lo que está temporalmente separado de su cargo”, informó la diputada local.
Explicó que el auditor de cumplimiento financiero, el auditor de desempeño o el auditor de tecnologías de la información pudieran ocupar la titularidad de la ASE, hasta que Romero Serrano resuelva su situación legal.
La legisladora local señaló que el Poder Legislativo intervendrá solo en el caso de que se presente una separación definitiva de Romero Serrano y de acuerdo a lo que los ordenamientos legales señalen.
Esto, luego de que el pasado lunes, diputados locales recibieron la notificación de un juez, quien separó del cargo a Romero Serrano por enfrentar un proceso legal por violencia familiar en agravio de un menor de edad.
