Con mayoría calificada, Cámara de Diputados aprueba el Plan B
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con mayoría calificada, el llamado Plan B de reforma electoral, marcando un avance importante en el proceso legislativo de los cambios al sistema político del país.
La votación en lo general resultó en 377 votos a favor y 102 en contra, con el respaldo de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra, manifestando su rechazo a la iniciativa.
La aprobación con mayoría calificada es un requisito indispensable al tratarse de reformas constitucionales, lo que otorga un peso especial a este dictamen dentro del marco legal mexicano.
El Plan B se presenta como una versión ajustada de la reforma electoral original que había sido propuesta por el gobierno federal. A diferencia del texto inicial, el dictamen aprobado ya no contempla cambios a la revocación de mandato presidencial, uno de los puntos más polémicos y que había generado amplio debate tanto en la opinión pública como en el Congreso.
En su lugar, la reforma se concentra en medidas de austeridad y ajustes administrativos en los órganos políticos y electorales, buscando reducir gastos y optimizar el funcionamiento de los gobiernos locales y del sistema electoral.
Entre los principales cambios que propone el Plan B destacan la reducción del número de regidores en algunos municipios, estableciendo un límite máximo de 15, lo que según los legisladores permitirá generar ahorros en el gasto operativo de los ayuntamientos.
Otro aspecto relevante de la reforma aprobado es la modificación a los salarios y prestaciones de los funcionarios de los órganos electorales, incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los tribunales locales.
La propuesta establece que sus percepciones no podrán exceder el salario del presidente de la República y limita beneficios adicionales, como bonos y compensaciones extraordinarias, en un esfuerzo por fortalecer la austeridad republicana que ha promovido el Ejecutivo federal.
La iniciativa ha sido defendida por los legisladores oficialistas como un paso hacia un sistema político más eficiente y transparente, con un uso racional de los recursos públicos y la reducción de privilegios en los órganos electorales.
Sin embargo, la oposición, principalmente representada por PAN y PRI, ha criticado el Plan B, argumentando que las medidas son insuficientes y centralistas, y que no abordan de manera integral las reformas necesarias para garantizar la equidad y la competitividad en los procesos electorales.
Tras la aprobación en lo general, el dictamen continuará su camino legislativo en la discusión en lo particular, donde los legisladores podrán proponer ajustes y reservas sobre los distintos artículos. Posteriormente, de ser aprobado en lo particular, el Plan B será remitido al Senado y, en su caso, a los congresos locales para su ratificación final.
Con esta votación, el Congreso da un paso significativo en la reestructuración de las reglas electorales y administrativas, pero aún quedan pendientes debates clave sobre la implementación de estas medidas, la supervisión de su cumplimiento y la evaluación de su impacto en el funcionamiento de los órganos de gobierno y en la vida política del país.
Con mayoría calificada, Cámara de Diputados aprueba el Plan B
