Condena presidente del Congreso de Puebla acoso callejero a Claudia Sheinbaum

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Condena presidente del Congreso de Puebla acoso callejero a Claudia Sheinbaum

El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, condenó el acoso sexual que sufrió la tarde de este martes la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum por un varón en aparente estado de ebriedad.

El también coordinandor de los diputados de Morena hizo un llamado a rechazar la violencia machista, y en lo personal, señaló que se sentía «indignado y apenado».

Se sumó al posicionamiento de Citlalli Hernández Mora, quien condenó el acoso, hostigamiento, abuso y cualquier violencia dirigida hacia las mujeres, sin importar su cargo o clase social.

«La cercanía de la presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin consentimiento”, señaló.

Gaspar Ramírez comentó que no se trata de la figura emblemática que representa Claudia Sheinbaum como presidenta de México sino todo el respeto que debe de haber a favor de las mujeres.

«Los hombres requerimos conciencia, la verdad es que lo digo no como diputado ni como presidente del Congreso. Como hombre me sentí indignado, apenado por todo el tema cultural», comentó.

En el caso de Puebla, consideró que desde el Congreso se van a tener que tomar medidas Legislativas sobre el acoso callejero.

Se pronunció a favor de endurecer las penas que sancionen los tocamientos en público.

«Yo estoy a favor. Estamos trabajando en eso, pero sí», respondió al evitar señalar sobre los comentarios de la oposición que refieren que todo sería un montaje.

Actualmente, el Acoso Sexual, en Puebla representa una sanción inicial es una multa de 50 a 300 días de la UMA (Unidad de Medida y Actualización). Sin embargo, si la víctima es mujer, se añade una pena de 1 a 12 meses de prisión.

En caso del Hostigamiento Sexual, que implica una relación de subordinación y causa un perjuicio laboral, docente o doméstico, se puede imponer una pena de 6 meses a 2 años de prisión, además de una multa.

Pero, si el agresor es un servidor público y utiliza su cargo para cometer el delito, la pena se agrava, pudiendo dictarse una inhabilitación de hasta 2 años para ejercer funciones públicas.

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