Corrupción de menores podría castigarse con hasta 15 años de cárcel en Puebla

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Corrupción de menores podría castigarse con hasta 15 años de cárcel en Puebla

El Congreso de Puebla analizará un proyecto de decreto para castigar más severamente la corrupción de menores con reformas al Código Penal.

Se trata de una iniciativa de la diputada Graciela Palomares que sugiere reformar el artículo 217 del Código Penal del Estado de Puebla. 

El propósito es aumentar las penas para quienes corrompan a menores e incapaces, es decir, a las víctimas de actos sexuales o de exhibicionismo con fines lascivos, ya sean reales o simulados.

La reforma busca endurecer las penas por el delito de corrupción de menores de 8 años y una máxima de 15 años de prisión, lo que representa un aumento significativo respecto a los 7 y 12 años vigentes. 

Además, se propone un incremento en las multas económicas, que pasarían de un rango de entre 113 mil 140 a 339 mil 420 pesos.

«La corrupción de menores constituye una de las agresiones más severas contra la niñez y la adolescencia, pues afecta directamente su derecho al desarrollo integral. Al inducirlos a prácticas sexuales inapropiadas, se quebranta no solo su salud física y emocional, sino también su capacidad de construir proyectos de vida libres y seguros», señala la iniciativa de la diputada.

En Puebla, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes representa una crisis. Entre enero y agosto de 2023 se documentaron 286 casos denunciados de abuso sexual infantil, lo que refleja un incremento del 11 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras el análisis de la Fundación JUCONI y la Red por los Derechos de la Infancia en México sitúa al estado como la quinta entidad con más denuncias por este tipo de violencias.

«El incremento de casos en Puebla, sumado a la reincidencia de ciertos agresores y a la impunidad que persiste, hacen evidente la necesidad de fortalecer el marco punitivo», comentó.

Además de que refiere que elevar las penas no solo busca castigar con mayor rigor a los responsables, sino también garantizar un marco de protección integral que esté a la altura del principio del interés superior de la niñez.

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