Crece en abuso infantil en Puebla, proponen en el Congreso crear una Fiscalía Especializada

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Crece en abuso infantil en Puebla, proponen en el Congreso crear una Fiscalía Especializada

Ante el incremento del 30 por ciento en denuncias de abuso sexual infantil en Puebla, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó este jueves una iniciativa de reforma integral para fortalecer la protección de menores en el estado.

Respaldada por organizaciones civiles, informó que busca modificar diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para evitar abusos sexuales a menores de edad.

En México, más del 34 por ciento de las víctimas de abuso sexual son niñas, niños y adolescentes, mientras que a nivel nacional, Puebla ocupa el cuarto lugar.

De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) entre enero de 2015 y agosto de 2023, se documentaron 6 mil 324 víctimas de delitos sexuales en menores de 0 a 17 años.

Destacó que entre 2020 y 2023, las cifras pasaron de 464 casos a 597 denuncias, lo que evidencia este aumento casi del 30 por ciento.

«La violencia infantil se ha relacionado con una serie de problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental, incluido el deterioro del desarrollo social, emocional y cognitivo, lesiones y problemas de salud a lo largo de sus vidas, así como la adopción de conductas y secuelas de alto riesgo como fumar, abuso de alcohol, drogas y sexo sin protección», refirió.

Los costos sociales y económicos de la violencia son altos y a menudo para toda la vida, incluido el bajo rendimiento escolar, un mayor riesgo de desempleo y la pobreza.

La iniciativa propone modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para integra la Fiscalía Especializada de Delitos en contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Además de crear un Protocolo Interinstitucional Interinstitucional de prevención y atención para niñas, niños y adolescentes, víctimas de abuso sexual infantil.

El documento también establece que el Estado y los Municipios, a través de las autoridades competentes, estarán obligados a proporcionar capacitación a las personas servidoras públicas que laboren en dependencias u oficinas públicas en la materia.

Así como establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial e inmediata, los casos de víctimas de delitos de violencia sexual y familiar, en cuyo caso deberá bridarse la asistencia médica y psicológica.

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