Al señalar que el principal problema que atañe a México es la falta de claridad por velar los intereses de la Nación en materia del manejo del Litio, el senador de Morena Alejandro Armenta dio a conocer que presentó ante el Ministerio Público Federal en turno, una denuncia ‘donde se desprende la presunción de una serie de delitos y de actos irregulares por parte de la COFECE’.
El senador Armenta citó como ejemplo la transacción que se realizó con Bacanora Litium a la empresa GANFEL INTERNACIONAL -de Canadá a China- «lo que generó una utilidad de 7 mil 800 millones de pesos a la empresa canadiense, sin que los mexicanos obtengamos algún tipo de beneficio por productos derechos o aprovechamientos».
Consideró que la denuncia podría significar la comisión de un delito que significaría traición a la patria, «desde luego que vamos a estar muy atentos por la actitud de los funcionarios de la COFECE de complacencia al haber autorizado el cambio de concesión sin haber notificado a las autoridades, eso implica la protección de un acto que representa dividendos y utilidades multimillonarias».
En juego, refirió, está la extracción de aproximadamente 250 millones de toneladas de litio, que en el mercado actual tienen un valor de 1 millón 150 mil pesos cada tonelada.
En México eso podría representar, en estimaciones presupuestales, 4.5 veces el valor de la deuda externa, que implican 60 años de inversión presupuestal anual para el desarrollo de nuestro país con la generación de ingresos por 9 ó 10 billones de pesos anuales.
Y solicitó la comparecencia de la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Brenda Gisela Hernández Ramírez “para que dentro de sus facultades explique de forma amplia e inmediata los motivos por las que autorizó la venta multimillonaria de las concesiones otorgadas a empresas referentes a ese mineral estratégico”.
Hay que recordar que la COFECE es el órgano Constitucional autónomo del estado mexicano, que tiene su mandato establecido en el artículo 28 de nuestra constitución política “por lo que tiene la responsabilidad de vigilar, promover, garantizar la competencia y libre concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los consumidores” remarcó el también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta.
