En Puebla, una carta de no antecedentes penales ya no basta rumbo a 2027
En Puebla ya no basta con presentar una carta de no antecedentes penales para obtener una candidatura a un cargo de elección popular, sea cual sea.
Generalmente, en los municipios la gente se conoce. Sabe quién es quién, conoce sus orígenes, su trabajo, su entorno y hasta su familia. Sin embargo, también hay que considerar que algunas personas pueden estar amenazadas o incluso involucradas, directa o indirectamente, con grupos delincuenciales.
Lo que está claro es que los partidos políticos, los órganos electorales y las autoridades responsables de la seguridad y gobernabilidad deben intervenir y establecer una estrategia que impida que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen al poder.
Los filtros deben endurecerse para cerrarles el paso a los delincuentes.
Los llamados del gobernador Alejandro Armenta Mier no deben quedarse únicamente en llamados. Es necesaria una estrategia clara y eficiente para evitar que delincuentes lleguen a ocupar cargos públicos y utilicen el poder para delinquir. Porque, al final, las consecuencias las paga la ciudadanía.
Qué vergonzoso resulta que los partidos políticos impulsen candidaturas sin revisar realmente sus antecedentes o, peor aún, que permitan el paso de personajes cuestionados con tal de ganar elecciones y obtener recursos para las campañas.
Los casos están ahí: Uruviel González Vieyra, de Chalchicomula de Sesma; Giovanni González Vieyra, de Tlachichuca; Ramiro González Vieyra, de San Nicolás Buenos Aires; Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan; Juan Pérez Moral, de San Juan Tianguismanalco, y Said de Jesús Godos Luna, de Tepeyahualco.
A ellos se suma Alfredo Ramírez Hernández, de Ahuazotepec, quien permanece prófugo.
Entonces la pregunta rumbo a 2027 es inevitable: ¿hasta cuándo la ciudadanía tendrá que aguantar a delincuentes desde el poder?
Porque una cosa es cumplir requisitos en el papel y otra muy distinta garantizar que quienes aparezcan en las boletas no tengan vínculos con grupos criminales.
Un cargo público no puede convertirse en refugio de delincuentes ni el voto de la gente en la puerta de entrada al crimen organizado.
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