Foto: Agencia Enfoque
Exalcaldesa de Cuautlancingo niega inhabilitación y acusa guerra sucia
En respuesta a las recientes versiones periodísticas que señalaban una inhabilitación por 10 años y una multa de 7.6 millones de pesos en su contra, la ex alcaldesa de Cuautlancingo, María Guadalupe Daniel Hernández, desmintió categóricamente la existencia de una sanción ejecutoriada y denunció un ataque mediático diseñado para truncar su carrera política.
Acompañada de su equipo legal, la ex edil calificó los sealamientos como una campaña de difamación motivada por el escenario electoral vigente y su posicionamiento como competidora.
En rueda de prensa Daniel Hernández, mostró ante los medios su constancia de no inhabilitado como prueba objetiva de que sus derechos políticos y administrativos se mantienen intactos.
Pese a los señalamientos, la ex presidenta municipal dejó en claro que no renunciará a sus aspiraciones políticas ni se retirará de la contienda actual, reafirmando su compromiso con la ciudadanía y con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación.
Durante la comparecencia, la defensa legal de la ex alcaldesa desglosó los puntos técnicos de la controversia derivada de una resolución de la Sala de Responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla:
-Inexistencia de fallo definitivo: La resolución difundida en redes sociales fue objeto de un recurso de apelación dentro de los plazos que marca la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que la sentencia no está firme ni es ejecutable.
-Propiedad acreditada: Ante las acusaciones de presunto desvío de recursos por la adquisición de inmuebles sin verificar la titularidad de los vendedores, la defensa exhibió la documentación notarial que acredita la cadena del acto traslativo de dominio. Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con la escritura correspondiente y con la boleta predial a su nombre.
-Ausencia de daño patrimonial: Se argumentó que no existió afectación a las arcas públicas, dado que el municipio cuenta con la certeza jurídica de la propiedad adquirida.
Finalmente, el equipo de Guadalupe Daniel sostuvo que el Tribunal de Justicia Administrativa incurrió en un exceso de facultades al pretender sancionar un acto que se rigió bajo la vía civil y contractual, no bajo el ámbito administrativo.
La defensa detalló que el contrato de compraventa se encuentra debidamente cumplido y que los trámites pendientes responden a aspectos formativos de la normatividad civil para formalizar la entrega material del bien a favor del municipio.
Exalcaldesa de Cuautlancingo niega inhabilitación y acusa guerra sucia
