“No tiene sentido que los inversores, por no hablar de los especuladores, tengan que pagar menos impuestos que alguien que trabaja duro para ganarse la vida, y sin embargo, eso es lo que hace nuestro sistema impositivo.”
JOSEPH EUGENE STIGLITZ
En los días próximos, será renovada la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Durante tres años Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidió el organismo empresarial que desarrolla actividades desde hace treinta años en nuestra entidad federativa. El citado Consejo, se ha caracterizado históricamente por ser un ente de aglutinamiento de la ultra derecha poblana, así como, una vocería empresarial a fin a los intereses del Partido Acción Nacional.
A nivel nacional, el CCE ha fungido como uno de los múltiples espacios de crítica visceral, donde a “nombre del interés social”, se han pronunciado en contra, desde el primer minuto, al gobierno de la Cuarta Transformación. Los frívolos señalamientos y reclamos han versado en torno a la política social, pilar del gobierno de transformación, de igual forma han hecho innumerables reclamos por la nula condonación de impuestos a la que estaban acostumbrados.
Particularmente en Puebla, el Consejo Coordinador Empresarial se ha beneficiado por impulsos ejercidos desde la administración pública. El desgobierno Morenovallista potenció el modelo neoliberal al mayor grado posible. Haciendo de la administración pública, una agencia de negocios privados. Toda acción gubernamental tenía por fundamento el enriquecimiento a privados; dentro de ellos el Consejo Coordinador Empresarial fue imán de inagotables beneficios.
Acorde a lo expuesto por el propio Consejo Coordinador Empresarial de Puebla en su sitio web, actualmente está compuesto por 28 cámaras y asociaciones empresariales que constituyen 24 mil empresas en los diversos sectores, aportando –supuestamente- el 62.5% del Producto Interno Bruto en nuestro Estado. Lo anterior irrisible, más retórico que real.
La esencia de toda actividad empresarial, en beneficio social, es la creación de empleos, ergo, aporte a la estabilidad económica. El PIB en Puebla asciende a los 532 mil millones de pesos.
Uno de los compromisos de Ignacio Alarcón para esta última fase de gestión fue la presentación de un proyecto al gobierno Estatal, para la atracción de 12 millones de pesos en inversiones, mismo que nunca fue ejecutado. Por ende, los doce millones de pesos quedaron en la fase de palabrería.
Pregunta absurda: Si no lograron concretar un proyecto de alrededor de doce millones de pesos, ¿realmente el CCE aportará más del 60% del Producto Interno Bruto de Puebla? Una interrogante más: ¿Dónde estuvo el Consejo Coordinador Empresarial durante la pandemia? No donaron un solo cubre bocas, una sola gota de gel antibacterial.
Los “grandes empresarios de Puebla”, se limitaron a extender la mano e implorar ayuda gubernamental. Ejes opuestos: los apoyos sociales a los sectores vulnerables son populismo, según su lógica, la condonación de impuestos al empresariado es interés nacional.
En 1859 inició la separación de la iglesia sobre el poder público. Actualmente la esencia de la Cuarta Transformación reside en separar el poder político del poder económico. El presidente López Obrador mantiene esa premisa como eje de gobierno. En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa, diariamente se esfuerza por materializar esa ruptura de intereses económicos en las decisiones de carácter público.
Que más pronto que tarde, termine la palabrería falaz de los organismos empresariales.
Que más pronto que tarde el Consejo Coordinador Empresarial pague su deuda social con Puebla.
Que más pronto que tarde, el empresariado hostil y ventajoso, pague sus adeudos tributarios.
