“El hombre de campo es efectivamente libre; puede ir a donde le plazca; lo único que tiene prohibido es el acceso a la ley”.
El Proceso, Franz Kafka
Acorde a la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022, el presupuesto destinado al Poder Judicial de nuestro estado asciende a los 860 millones de pesos; sin embargo, no existe reciprocidad entre el basto recurso económico que percibe el Poder Judicial y su efectividad respecto a la impartición de justicia. Históricamente ha existido un abismo entre el “ser” y el “deber ser”.
A más de cuatro años de ejercicio de la actual presidencia del Poder Judicial, los estadísticos expresan que Puebla, como entidad federativa, se encuentra dentro de las últimas posiciones del país, respecto a la consolidación del Sistema de Justicia Penal. Acorde a diversos estudios, como el trabajo de México Evalúa, se calcula que, en el caso de Puebla, la tasa de impunidad es del 98.6%, siendo alarmante que únicamente el 34% de los asuntos ingresados a los órganos jurisdiccionales cuenten con resolución.
El presidente López Obrador ha sido enfático múltiples veces sobre la necesidad de empujar la transformación nacional que vivimos, hasta los pasillos del poder judicial. Si bien, avanzan en consonancia el poder ejecutivo y legislativo; el Poder Judicial se ha aferrado a jugar un rol de una oposición real al proyecto de nación. El Poder Judicial se ha integrado como un dique, que busca a toda costa tambalear los cimientos del México nuevo. El presidente de Andrés Manuel ha instado a que sea materializada una gran reforma en el Poder Judicial. Al respecto, Puebla se consolida como vanguardia.
El pasado 19 de septiembre del año en curso, el Gobernador Constitucional Miguel Barbosa Huerta, envío al Congreso del Estado una completa y trascendente iniciativa de reforma a diversos artículos Constitucionales, para dar cauce a un nuevo momento histórico en la vida del Poder Judicial de Puebla. Citando el inicio de la exposición de motivos: “Para la consolidación de la función judicial es imprescindible el balance entre independencia y legitimidad democrática.
Compatibilizar dichos principios impone como exigencia institucional que los órganos que ejercen esa capital función para la paz social y el orden público no estén sometidos o subordinados, de iure o de facto, a la intervención de otro poder ni a intereses parciales o a privados. Al mismo tiempo, que su actuación cotidiana esté permanentemente orientada a satisfacer las necesidades, expectativas y demandas de la sociedad. En síntesis, que la autoridad judicial aplique la ley sin interferencias de terceros y vele por la garantía plena de los derechos de todos”.
Para tales fines es menester desmantelar el poder absoluto que resguarda la burocracia dorada del poder judicial, incluso normativamente el órgano de gobierno como lo es el Consejo de la Judicatura, está cooptado, pues actualmente el presidente del Tribunal simultáneamente ejerce como presidente del Consejo de la Judicatura. La reforma plantea que debe recaer en distintos sujetos la presidencia del Tribunal y la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Se fortalecerá en demasía la vigilancia al buen desempeño de los jueces y magistrados. Estableciendo las causales de destitución en el hipotético incumplimiento de las funciones determinadas de los jueces y magistrados. Dando al Congreso del Estado la facultad para evaluar y sancionar en tiempo a los posibles actos delictivos que puedan constituirse por quienes tienen el deber de impartir justicia.
Se prevé la incorporación de la Defensoría Pública al organigrama del Poder Judicial, de esta forma se fortalecerá los derechos y oportunidades de defensa de los justiciables.
Se destaca de igual forma la incorporación del Tribunal Administrativo al Tribunal Superior de Justicia, desde donde serán juzgadas y en su caso sancionadas las acciones de ilegalidad cometidas por servidores públicos, en relación de la gestión gubernamental.
Es diáfana que la intención de la iniciativa de reforma es acercar el acceso a la justicia a todos los sectores, esencialmente a los más vulnerables. Diversos actores políticos y judiciales se han manifestado al respecto, en su mayoría favorablemente (algunos con la sonrisa forzada). Sea como sea, inicia un nuevo momento en la impartición de justicia en Puebla. Que pronto ocurra la gran reforma al Poder Judicial de la Federación. De momento, Puebla es punta de lanza.
