La política del agua no puede quedarse en el suministro
El agua suele convertirse en tema de debate únicamente cuando falta en los hogares o cuando aumentan las tarifas. Pocas veces la conversación se centra en lo que ocurre antes de que llegue a las viviendas y, sobre todo, después de que se utiliza. Ahí radica uno de los aspectos más relevantes que dejó la comparecencia de la directora de SOAPAP, Josefina Morales: recordar que administrar este recurso implica mucho más que abrir o cerrar la llave.
La gestión del agua exige una visión completa. Extraerla, distribuirla, conducir las descargas, tratarlas y reincorporarlas al medio ambiente forman parte de una misma cadena. Descuidar cualquiera de esos eslabones significa comprometer todo el sistema, por más eficiente que parezca el suministro.
En la comparecencia, uno de los datos relevantes fue la recuperación de 47 litros por segundo que eran robados mediante conexiones clandestinas. No es una cifra menor. Cada litro recuperado representa agua que vuelve a estar disponible para la población y confirma que el combate a estas redes ilegales puede dar resultados cuando las autoridades dejan de trabajar de manera aislada y coordinan esfuerzos.
Sin embargo, el tema que realmente debería generar mayor reflexión está relacionado con el saneamiento. De poco sirve hablar de una administración eficiente si todavía existen municipios que cobran por este servicio sin contar con la infraestructura necesaria para cumplirlo.
El señalamiento realizado sobre Coronango obliga a hacer algunas preguntas: ¿qué destino tienen esos recursos?, ¿por qué el tratamiento de las aguas residuales sigue siendo una deuda pendiente?, ¿quién responde por el daño ambiental que esto provoca?
Durante años, las inversiones en plantas de tratamiento han quedado al final de la lista de prioridades. Es comprensible desde la lógica política: una calle pavimentada o un parque generan mayor rentabilidad electoral que una obra subterránea que pocos ciudadanos observan. Pero esa decisión termina siendo mucho más costosa.
Los ríos contaminados, los problemas ambientales y los riesgos sanitarios son el precio de haber pospuesto una infraestructura indispensable.
La discusión de fondo no debería centrarse en quién administra el agua ni en la disputa de competencias entre instituciones. El verdadero desafío consiste en saber qué autoridades están dispuestas a invertir para cerrar correctamente el ciclo del agua.
Garantizar el abastecimiento es apenas una parte de la tarea; tratar las aguas residuales y proteger los recursos naturales es la otra obligación que ya no puede seguir aplazándose.
Nos leemos pronto.
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