La violencia detrás de las pantallas
El pasado fin de semana fue detenido Francisco N., conocido en la red social X como “Inforneutra”. Su detención, confirmada en el Registro Nacional de Detenciones, generó diversas reacciones, principalmente entre periodistas. Mientras algunos celebraron la noticia, otros usuarios intentaron llevar el asunto al terreno político, bajo el argumento de que sus publicaciones eran críticas hacia el gobierno estatal.
Pero ojo, no hay que confundir las cosas. Una cosa es cuestionar a un gobierno, ejercer la crítica o manifestarse como opositor al partido en el poder, y otra muy distinta es utilizar las plataformas digitales para violentar a las mujeres. La libertad de expresión es un derecho que debemos defender, pero no puede convertirse en una justificación para promover ataques, amenazas o contenidos que vulneren la dignidad de las personas.
Yo también celebré su detención y lo digo abiertamente. Mi postura no tiene relación con cuestiones partidistas, porque las mujeres que fueron blanco de sus publicaciones pertenecen a distintos espacios de la vida pública. Algunas ocupan cargos políticos, otras son periodistas o activistas. No importa su profesión, militancia o posición frente al gobierno, ninguna merece ser violentada.
En lo personal, desde hace mucho tiempo decidí bloquear a este usuario. En varias de sus publicaciones me etiquetaba en imágenes con contenido sexual y violento. Incluso, coincidimos en distintas conferencias de prensa, donde intentaba acercarse para hablar conmigo, pero prefería evitarlo precisamente porque conocía el contenido que difundía en sus redes sociales.
Considero que este caso abre una discusión importante sobre la violencia digital en Puebla. Por supuesto, corresponde a las autoridades esclarecer los motivos de la detención y determinar las responsabilidades legales. El Registro Nacional de Detenciones confirma que Francisco N. fue detenido, pero no establece por sí mismo los delitos que se le imputan. Será importante conocer el curso de las investigaciones y que exista claridad sobre este procedimiento.
Lo que tampoco podemos ignorar es que existen muchas otras cuentas cuyos usuarios, amparados en el anonimato, se sienten con el derecho de insultar, amenazar y exhibir a las mujeres. No se trata exclusivamente de quienes participan en política, también hay periodistas y activistas que enfrentan este tipo de agresiones. La violencia no desaparece porque ocurra detrás de una pantalla y sus consecuencias pueden trascender a la vida cotidiana.
Tenemos una responsabilidad con nuestras audiencias, pero también con las personas involucradas en los hechos que damos a conocer. Informar no significa revictimizar. La violencia contra las mujeres no tiene partido político y tampoco debe encontrar justificación en el ejercicio periodístico.
La prohibición de los celulares en escuelas
Ahora bien, hay otro tema que quiero abordar y que también está relacionado con las plataformas digitales, los contenidos que circulan en ellas y el alcance que tienen, principalmente entre niñas, niños y adolescentes.
El próximo mes de noviembre entrará en vigor el acuerdo que prohíbe y restringe el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica. La medida ha generado opiniones encontradas entre madres y padres de familia.
Algunos consideran que ayudará a disminuir las distracciones en las aulas y permitirá que los estudiantes se concentren en sus actividades académicas. Otros, en cambio, señalan que estos dispositivos también han servido para documentar situaciones de violencia y casos de acoso sexual por parte de docentes.
Precisamente, quiero compartirles un caso ocurrido al inicio de esta semana en el colegio Loyola, donde un adolescente de secundaria publicó en redes sociales una amenaza de realizar un tiroteo dentro de la institución educativa privada. Quienes observaron la publicación alertaron a sus madres y padres de familia, lo que permitió activar los protocolos de seguridad. Afortunadamente, la situación no pasó de una amenaza y, posteriormente, el estudiante fue dado de baja de manera definitiva.
Sin embargo, más allá de la decisión que tomó la institución, considero que debemos reflexionar sobre lo que está ocurriendo con nuestros adolescentes. ¿Qué lleva a un menor de edad a publicar una amenaza de esta naturaleza? ¿Qué contenidos está consumiendo? ¿Quién supervisa su actividad en las redes sociales y, sobre todo, quién está pendiente de sus emociones y preocupaciones?
No conocemos las circunstancias personales o familiares de este adolescente y sería irresponsable hacer señalamientos sobre sus padres. Lo que sí considero es que una conducta de esta naturaleza requiere atención, orientación y acompañamiento profesional. Darlo de baja de una institución educativa no necesariamente resuelve el problema que pudo haber detrás de esa publicación.
Como madres y padres de familia tenemos una responsabilidad que no podemos delegar por completo a las escuelas. La educación también comienza en casa, donde se fomentan los valores, el respeto, los principios y los límites.
Nuestros hijos necesitan que estemos pendientes de sus actividades, de las personas con quienes interactúan y de los contenidos a los que tienen acceso, pero también necesitan confianza para acercarse a nosotros cuando algo les preocupa.
Por su parte, las autoridades educativas no deberían limitar sus acciones a emitir acuerdos que regulen el uso de celulares. También es necesario fortalecer la prevención mediante talleres, pláticas, orientación psicológica y actividades que permitan a los estudiantes identificar los riesgos de las plataformas digitales, reconocer conductas violentas y aprender a utilizar responsablemente la tecnología.
Y aquí es donde ambos temas encuentran un punto en común. Las redes sociales pueden convertirse en espacios para informar, denunciar y documentar situaciones que de otra manera permanecerían ocultas, pero también son utilizadas para difundir violencia, amenazas y contenidos que llegan a personas de todas las edades, incluidos menores de edad que todavía se encuentran en formación.
No basta con prohibir un celular si no atendemos lo que ocurre dentro y fuera de las pantallas. La responsabilidad debe ser compartida entre autoridades, escuelas, familias y quienes generamos o difundimos contenidos.
Necesitamos formar generaciones capaces de utilizar la tecnología sin normalizar la violencia, pero para conseguirlo también debemos revisar el ejemplo que les estamos dando los adultos.
Porque antes de preguntarnos qué están viendo nuestros hijos en las redes sociales, también tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para acompañarlos, escucharlos y enseñarles a respetar a los demás.
No esperemos a que una amenaza se convierta en una tragedia para prestar atención.
Recibo comentarios en @yazcurinoticias.
