“Ley Salvatori” para exigir abogados en Congreso es inconstitucional: Jucopo
El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó que hay apertura con las propuestas ciudadanas como la llamada “Ley Salvatori”, que busca que solo personas licenciadas en Derecho sean diputadas, sin embargo, advirtió que es violatorio de los derechos humanos.
En entrevista, el también coordinador de la bancada de Morena, indicó que si bien en dicha propuesta hay cuestiones violatorias de derechos consagrados en la Constitución Política Mexicana, hay apertura para las propuestas que busquen mejorar los trabajos legislativos.
Recordar que la asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público propuso reformar la Constitución local para que solo personas con licenciatura en Derecho puedan ser diputadas o diputados en Puebla.
La organización planteó modificar el artículo 36 de la Constitución Política del Estado, que actualmente sólo exige saber leer y escribir para acceder al cargo. Consideraron que ese requisito es insuficiente, pues ni siquiera garantiza que quien llegue al Congreso haya terminado la primaria.
La iniciativa surge, dijeron, por casos como el de las legisladoras de Morena, Graciela Palomares Ramírez y Nayeli Salvatori Bojalil, quienes en un podcast afirmaron que los hombres mayores de 45 años «ya se están pudriendo» y «huelen a baúl», comentarios que fueron señalados como discriminatorios y que derivaron en un proceso sancionador en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.
Los promoventes recordaron que no es la primera polémica de Salvatori Bojalil, pues previamente se burló de un accidente en la Universidad Iberoamericana y buscó impulsar una reforma para castigar las supuestas «desapariciones falsas».
Argumentaron que la falta de preparación técnica en el Poder Legislativo se refleja en los constantes reveses judiciales que ha sufrido. Como ejemplo, citaron la Acción de Inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022, relacionadas con el cobro por alumbrado público en Leyes de Ingresos municipales de 2022 y con la Ley del Notariado, todas perdidas ante la Suprema Corte.
Ante críticas de que la propuesta es discriminatoria, el asesor y abogado de la organización, Manuel Carmona Sosa, defendió que no lo es, pues cualquier ciudadano podría aspirar si cuenta con la licenciatura.
«Lo que pedimos es que tenga los conocimientos para desempeñar las funciones, puede ser cualquiera. Discriminatoria es que en razón de su religión, del grupo étnico al que perteneciera o de sus creencias, eso fuera la limitante, pero puede ser cualquier persona», afirmó.
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