Sofía Rodríguez
Distintos momentos han marcado el gobierno de Eduardo Rivera Pérez, quien fue destapado como aspirante a gobernador de Puebla, en un acto simulado por su propio partido que le dio luz verde para promocionarse con miras a 2024, violentando la ley electoral.
El intento del cobro del DAP, la inseguridad, la contratación de deuda, la implementación de medidas recaudatorias, y la violación de los derechos humanos de los poblanos, son un reflejo del rumbo que tomó su gobierno, próximo a cumplir su primer año de administración.
Rivera Pérez está siguiendo los pasos del ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien para muchos fue autoritario, represor y dejó sumida a la entidad en una deuda millonaria, un estilo peculiar que caracteriza a los gobiernos del PAN y del que el edil panista no se pudo desprender.
La terca lucha para el cobro del DAP
Desde el arranque de su administración y hasta la fecha, Rivera Pérez inició lo que se perfila a ser una eterna lucha para hacer efectivo el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) a los poblanos, como si la pandemia, la inflación y el desempleo no fueran suficiente para tener contra la pared a las familias mexicanas.
Sus intereses para aplicar este cobro quedaron evidenciados por el partido en el poder: hacerse de recursos públicos para poder solventar los “viáticos” de sus próximos recorridos por el estado.
Bajo el argumento de que otros ayuntamientos cuentan con dicha facultad, el munícipe recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los ministros corrijan la negativa de los diputados locales para permitir el cobro de dicho derecho, al menos para el ejercicio fiscal en curso.
Parquímetros, la “caja chica” del edil
En palabras del propio diputado local de Morena, Roberto Solís Valles, el destape de Rivera Pérez sólo evidenció que los parquímetros son “la caja chica” del presidente municipal, para hacer frente a los gastos que se generen por sus próximos recorridos al interior del estado.
A tres meses de su puesta en marcha, el ingreso total asciende un millón 833 mil 173 pesos, casi lo suficiente para atender mil 300 baches en la ciudad, no obstante, hasta el momento se desconoce en qué se invertirá este recurso acumulado en tan sólo 90 días de su puesta en marcha.
Cabe recordar que la puesta en marcha de este programa benefició al yunque pues fue la empresa Parkimóvil ligada al ex presidente de la Fundación Empresarios Por Puebla, Herberto Rodríguez Regordosa, hermano del panista Pablo Rodríguez, a la que se entregó el contrato.
Para varias, existe la posibilidad de que el siguiente año se ajusten las tarifas por horas del servicio, y la segunda y tercera horas cuesten lo mismo que la cuarta, 10 pesos, “sangrando” aún más la economía de los poblanos.
La interminable lista de beneficios a privados
Otros beneficios que el edil capitalino ha dado a los privados corresponden a la concesión de espacios publicitarios, recolección y majo de residuos, últimos que se pretenden entregar por quince años, es decir, que cuatro gobiernos municipales no podrán decidir sobre este servicio.
En el caso de los espacios publicitarios, pretende concesionarlos por una década, tanto pendones como paraderos, y para ello ya se lanzó una segunda convocatoria luego de la polémica que generó la primera.
Inseguridad sigue acechando a los poblanos
La inseguridad es un problema que no ha revertido el gobierno panista, por el contrario, la incidencia delictiva sigue al alza, al menos así se observa hasta el segundo cuatrimestre del 2022 con 21 mil 343 denuncias que la FGE ha recibido por delitos cometidos en la capital poblana.
La cifra representa un incremento del 12.8 por ciento en relación a los 18 mil 919 delitos que registró la ciudad de Puebla en el mismo periodo de 2021, es decir, entre los meses de enero a agosto.
En estos ocho meses se han cometido 120 homicidios dolosos, mil 252 lesiones dolosas, dos feminicidios, 8 mil 640 robos en distintas modalidades, entre otros. Vale la pena mencionar que uno de los delitos que ha caracterizado sus primeros meses de gobierno ha sido el hallazgo de cadáveres en plena vía pública o contenedores de basura.
También las ejecuciones a plena luz del día, pues mientras el edil se encuentra inaugurando obras de un lado de la ciudad, en el otro se dan hallazgos macabros y ataques directos que ponen en riesgo a la población y que sin duda no contribuyen a mejorar la percepción de seguridad.
Poblanos, de vuelta al endeudamiento
Rivera aprendió bien de Rafael Moreno Valle, quien heredó una deuda de 50 mil millones de pesos al estado, pues también solicitó deuda, bajo el argumento de que requiere recursos económicos para obras.
Aunque la promesa es liquidar dicho financiamiento antes de que concluya su administración, lo cierto es que la capital volvería a la ruta del endeudamiento, una posición de la que Claudia Rivera Vivanco sí fue capaz de quitar a la ciudad, a pesar de las críticas de la oposición.
Con el crédito que se está gestionando, se intervendrán vialidades del norte y sur de la capital, cuatro en total, y se ampliará el sistema de agua en San Miguel Canoa, mientras que en Santa María Xonacatepec, las familias tienen que contratar pipas de agua cada semana ante la necesidad de rascar un pozo, proyecto al que ningún gobierno, ni el actual, le ha querido entrar.
Represión, sinónimo de los gobiernos panistas
El edil ahora busca el retiro de las casetas de voceadores, para acabar no solo con la tradición de venta de periódicos y revistas que emplea principiante a personas adultas y que serían las más afectadas.
La violación de derechos humanos está por convertirse en una característica propia de Rivera Pérez, pues vale la pena recordar la actuación de inspectores de SEGOM que han golpeado, quitado mercancía y hasta extorsionado a los comerciantes.
El trato que han recibido por parte de su gobierno es lamentable, pues si bien la intención es limpiar el primer cuadro de la ciudad, su administración ha sido incapaz de generarles opciones de empleo dignas.
