Sofía Rodríguez
La madrugada del 31 de octubre ocurrió un hecho que marcó a la capital poblana: la explosión de un ducto de gas LP por criminales dedicados a la ordeña de combustible que cobró la vida de al menos cuatro personas y dejó decenas de heridos y cientos de damnificados en San Pablo Xochimehuacan.
Este era el primer reto al que se enfrenta a el nuevo alcalde Eduardo Rivera Pérez quien apenas 15 días antes había rendido protesta al cargo. Su relación institucional con el gobernador Miguel Barbosa que forjó días después del 6 de junio despejó dudas sobre un trabajo coordinado en favor de las familias afectadas.
Un total de 59 viviendas fueron declaradas como pérdida total, y más de 176 reportaron daños de leves a moderados. Algunas de las que no tenían reparación se encontraban edificadas en superficie prohibida por su cercanía a ductos de Pemex.
Imposible que ninguna se percatara de la ordeña de ductos. El edil auxiliar giró un año antes un oficio a la entonces alcaldesa Claudia Rivera para informar de un asentamiento irregular, pero el equipo de la munícipe ignoró el aviso y con ello el riesgo que esto representaba.
La madrugada del 31 de octubre, un estruendo despertó a vecinos de la junta auxiliar; la mayoría de habitantes de la zona habían sido evacuados oportunamente cuando autoridades confirmaron que había una fuga de gas que ponía en riesgo sus vidas.
Durante las primeras horas después de la tragedia, el edil capitalino recorrió la zona para corroborar los daños provocados una vez que la fuga había sido controlada parcialmente ya que todavía no había condiciones para que las familias evacuadas volvieron a sus hogares.
A mes y medio de la explosión, ya fueron detenidos los presuntos responsables del incidente: «El Callo» que fue aprehendido en Cancún, resultado de las labores de inteligencia de la Fiscalía General del Estado.
Además, de 59 viviendas declaradas como pérdida total, 41 familias han firmado de aceptación para la reubicación y construcción de viviendas, aunque otras se resisten a abandonar la colonia donde habitaban. De 179 casas con daños moderados a leves, 176 están listas y tres están por concluir.
Esta tragedia encendió las alarmas en los gobiernos estatal y municipal quienes iniciaron un operativo para la revisión de gaseras que operan en Puebla, para verificar que su funcionamiento es apegado a la Ley, de pipas distribuidoras y un proceso de notificación de viviendas situadas en zonas de riesgo.
