Los policías de Puebla podrían contar con una Defensoría especializada para protegerlos frente a órdenes ilegales, hostigamiento, acoso laboral o sexual, discriminación y represalias, además de que no estarían obligados a cumplir instrucciones que impliquen cometer delitos o violaciones graves a derechos humanos.
Lo anterior se plasma en la propuesta de la iniciativa presentada por la diputada local del Partido del Trabajo, Esther Martínez Romano, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en materia de dignificación de la Carrera Policial y protección de los derechos de quienes integran las instituciones policiales.
De acuerdo con la consulta realizada por Sucesos Puebla a la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, se propone crear la Defensoría de las Personas Integrantes de las Instituciones Policiales, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de gestión y de criterio.
“La Defensoría tendrá por objeto brindar orientación, asesoría y acompañamiento gratuito y confidencial a las personas integrantes de las instituciones policiales estatales frente a actos u omisiones que afecten los derechos derivados de su función”, señala el documento.
Este organismo recibiría y daría seguimiento a quejas relacionadas con la Carrera Policial y brindaría acompañamiento a elementos que enfrenten hostigamiento, acoso laboral o sexual, discriminación, amenazas o represalias. También podría solicitar medidas urgentes de protección y dar vista a la Fiscalía General del Estado, órganos internos de control o autoridades de derechos humanos cuando corresponda.
Otro de los cambios establece que los policías podrían negarse a ejecutar órdenes manifiestamente ilegales: “ninguna persona integrante de una institución policial estará obligada a cumplir una orden manifiestamente ilegal”.
Además, establece que negarse a cumplir una orden manifiestamente ilegal no podría ser, por sí mismo, motivo de responsabilidad disciplinaria, y prohíbe represalias contra policías que denuncien de buena fe actos ilícitos, colaboren en una investigación o se nieguen a participar en estas conductas.
La iniciativa también propone crear un Piso Estatal de Remuneración Policial Digna, que funcionaría como salario mensual mínimo para el grado inicial de Policía, así como un esquema para que los ascensos representen una remuneración mayor conforme aumenten las responsabilidades y el nivel de riesgo.
La propuesta de Martínez Romano busca así modificar la Ley de Seguridad Pública para incorporar protección institucional, mejores condiciones salariales y una carrera policial con incrementos económicos ligados al ascenso y las responsabilidades.
PT propone Defensoría contra abusos y represalias a policías
