“Sea quien sea, que asuma las consecuencias”: Armenta sobre caso de granja de criptomonedas
El gobernador Alejandro Armenta Mier fijó postura ante la posible implicación política en el caso de la granja de criptomonedas localizada en Tlaola, luego de que disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acusaron al diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miguel Márquez Ríos, de presuntamente operar granjas ilegales de criptomonedas con energía robada.
“Quien comete un delito, sea quien sea, que asuma las consecuencias”, advirtió el mandatario al referirse a las investigaciones por el inmueble asegurado en Tlaola, donde autoridades localizaron cerca de 300 equipos de cómputo especializados para la minería de criptomonedas.
Armenta Mier sostuvo que ninguna relación personal, familiar, política o laboral debe representar protección para quien incurra en un delito.
Sin embargo, el gobernador subrayó que no se puede responsabilizar a una persona mientras las investigaciones continúan y pidió evitar que el caso sea utilizado con fines políticos ante el proceso electoral.
“Tampoco podemos nosotros señalar a nadie. Las investigaciones que se den se atenderán y lo importante es que no se politicen las cosas, porque como vienen las campañas es muy fácil politizar y acusar”, señaló.
El mandatario estableció que su administración mantendrá como principios el debido proceso y la presunción de inocencia, pero aseguró que no habrá protección desde el Gobierno estatal.
“Debido proceso, presunción de inocencia, cero impunidad, cero complicidad de nuestra parte. En esos términos nos vamos a regir y nos hemos regido”, afirmó.
SSP señala conocimiento de autoridades municipales
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, sostuvo que las autoridades municipales tenían conocimiento de las actividades relacionadas con el robo de energía en la zona donde operaban los equipos de minería de criptomonedas.
“Nosotros tenemos la certeza de que las autoridades de ese municipio también tenían conocimiento del robo de energía que se lleva a cabo”, declaró.
El vicealmirante señaló que los cuerpos de seguridad que trabajan directamente en territorio tienen la obligación de conocer lo que ocurre en sus municipios y advirtió que, de lo contrario, podrían incurrir en una omisión.
“Quienes están en territorio saben todo lo que pasa. Hablo de los cuerpos de seguridad, policías municipales y de ahí hacia arriba, sus jefes. Nosotros sabemos todo lo que pasa en nuestro municipio, tenemos la obligación y, si no, caemos en omisión”, expresó.
Sánchez González comparó el caso con las investigaciones relacionadas con un narcolaboratorio y cuestionó que policías, directores de seguridad y autoridades municipales pudieran desconocer actividades de esa naturaleza dentro de sus territorios.
El titular de la SSP precisó que la investigación sobre la minería de criptomonedas continúa y está a cargo de la Fiscalía, mientras que la dependencia estatal colaboró en la localización y el aseguramiento.
Cerca de 300 equipos asegurados en Tlaola
La semana pasada, a través de un boletín de prensa, se informó del aseguramiento de un inmueble, esto mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (MARINA) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Durante la inspección fueron localizados cerca de 300 equipos de cómputo especializados (GPU) en funcionamiento, aproximadamente 80 terminales de media tensión, ocho antenas de internet satelital y un transformador de pedestal.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el inmueble presuntamente era utilizado para almacenar y operar equipos especializados en la minería de criptomonedas.
Las autoridades también investigan si los activos virtuales generados mediante esta infraestructura pudieron haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas.
El inmueble y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de la autoridad competente mientras continúan las indagatorias.
Armenta Mier insistió en que serán las investigaciones las que determinen responsabilidades ante los señalamientos realizados contra Miguel Márquez Ríos y reiteró la postura de su administración: “Cero impunidad, cero complicidad de nuestra parte”.
“Sea quien sea, que asuma las consecuencias”: Armenta sobre caso de granja de criptomonedas
