Resultado de una investigación integral, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener sentencia condenatoria de 61 años 6 meses de prisión contra Jonathan N. de 30 años y José Fernando N. de 31 años de edad, responsables de los delitos de secuestro exprés, robo y extorsión.
El 21 de julio de 2018 la víctima quien se dedica a la renta de inmuebles en la ciudad de Puebla fue citada por uno de los sentenciados bajo el engaño de estar interesado en un local de la colonia Amor. Al encontrarse en el sitio, el denunciante acompañado de su padre y hermano fueron sorprendidos por dos hombres quienes los sometieron y privaron de la libertad hasta que les fueron entregados $200,000 de forma inicial.
Posteriormente, el 15 de noviembre de 2018 los sujetos activos volvieron a contactar a los afectados vía telefónica para exigir $600,000 más a cambio de su tranquilidad. Luego de un proceso de negociación, se acordó una entrega de $100,000 en el Bulevar Hermanos Serdán.
El 3 de diciembre del 2018 el ciudadano denunció ante el Agente del Ministerio Público a quien informó que además de todo lo acontecido con anterioridad, en días recientes, tres hombres entraron de forma ilícita a su casa y les robaron aproximadamente $65,000.
Ya iniciada la Carpeta de Investigación del caso, el 2 de enero de 2019, los sentenciados contactaron de nueva cuenta a la víctima exigiéndole $200,000. Con el asesoramiento de agentes investigadores se negoció un pago controlado por $25,000, por lo que el 15 de enero de 2019 fueron detenidos en flagrancia delictiva Jonathan N. y José Fernando N.
Tras presentar diversos elementos de prueba por parte de la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión, la autoridad judicial determinó emitir fallo condenatorio contra los dos responsables por los delitos de secuestro exprés, robo y extorsión.
En la audiencia de individualización de sanciones, el Juez dictó una pena de 61 años 6 meses de prisión a Jonathan N. y José Fernando N., además les impuso una sanción pecuniaria, el pago de la reparación del daño moral y material por un monto total superior a los $770,000.
