La Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo las reformas a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que dio paso a la creación del Instituto Poblano de Pueblos indígenas.
Lo anterior, debido a que la pasada legislatura local no realizó las consultas a los pueblos originarios, por ello es que en un plazo de doce meses se deben hacer las reformas, tomando en cuenta a las y los ciudadanos.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa refirió que es necesario que los habitantes de pueblos originarios opinen respecto a este tema, porque las reformas “inciden de manera directa en los derechos humanos de las comunidades indígenas afromexicanas de dicha entidad federativa”, dijo.
Explicó que el Instituto es un Organismo Público Descentralizado responsable de definir, ejecutar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos indígenas.
“Sin embargo, no se advierte que el Congreso hubiera contemplado consultar de manera previa e informada, culturalmente adecuada y de buena fe a quienes forman parte de dichos pueblos y comunidades”, señaló la ministra.
En este sentido, el Congreso del Estado tiene un plazo de doce meses para realizar las consultas a pueblos originarios y con ello avanzar en las reformas y entonces dar paso al Instituto Poblano de Pueblos Originarios.
