Tlaxcala atraviesa por una severa crisis de procuración de justicia.
El fallecimiento de Juan Carlos N., causado por los golpes que recibió durante un interrogatorio por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), evidenció que prevalece la comisión de actos violatorios a los derechos humanos de los inculpados en la corporación, y que ésta carece de mecanismos efectos para desahogar investigaciones sensibles como la que corresponde a la desaparición de la joven Ana Laura N., a inicios de abril, pues recordemos que el detenido era el principal sospechoso en ese caso.
Este suceso echó por tierra el compromiso del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros de garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto de los derechos de los tlaxcaltecas en la investigación de los delitos y el ejercicio de la judicialización de las carpetas de investigación.
Tras el nombramiento del General Raúl Ruiz García como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyo despacho permanecía acéfalo desde noviembre pasado, resulta preciso que la titular del Ejecutivo estatal revise ahora la actuación de la PGJE, a cargo de la ex magistrada Ernestina Carro Roldán, porque la tendencia de la incidencia delictiva va al alza y la percepción ciudadana de la inseguridad aumenta.
El diagnóstico general de la procuración de justicia en el Estado de Tlaxcala es grave.
Datos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP) indican que 60% de la plantilla activa evaluada de la PGJE aprobó sus exámenes de control de confianza, 22% no aprobó, y 18% estaba pendiente de evaluación, al cierre de 2021.
Resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 advierten que 67.80% de la población de 18 años y más percibe al Ministerio Público y las Fiscalías estatales como “presas de la corrupción”, y 61.99% piensa lo mismo de la Policía Ministerial o Judicial.
La misma ENVIPE revela que, para 40% de los tlaxcaltecas, el desempeño del Ministerio Público y las Fiscalías estatales es poco o nada efectivo, mientras que 37.1% tiene la misma consideración respecto a la labor de la Policía Ministerial o Judicial.
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 muestra que, si bien se ubica por encima de la media nacional (1.04%), Tlaxcala tiene bajo rendimiento (1.31%). En 2020, 38.82% de las víctimas en la entidad dijo haber requerido hasta 2 horas para recibir atención, y otro 38.96% manifestó haber esperado más de 4 horas para ello. Además, 22.5% consideró que el trato recibido en la formulación de su denuncia fue malo, y 25.3% lo calificó como muy malo.
Evidentemente, la combinación de desconfianza, mal desempeño, trámites largos y servicio de mala calidad, incluso miedo a la extorsión o el rechazo a sobornos, ha inhibido la denuncia de los delitos. Se estima que, en 2020, únicamente se denunció el 10.47% de los delitos ocurridos en la entidad; un año antes, ese valor fue del 12%.
El deterioro de la cultura de la denuncia tiene en la ineficacia institucional otro componente importante, puesto que, de las denuncias presentadas en 2020, el
Ministerio Público inició carpeta de investigación en 54.09% de los casos, lo que significa que, del total de delitos ocurridos, únicamente se procedió en el 5.66% de los casos.
Es así que, mientras a nivel nacional, la cifra negra del delito fue del 93.27% en 2020, en Tlaxcala resultó del 94.34%.
Esta información demuestra que cualquier llamado a confiar en la institución procuradora de justicia, o cualquier intento de promoción de la cultura de la denuncia, resultará insuficiente, porque para las víctimas el comportamiento de la propia autoridad es la principal razón por la que no proceden legalmente ante la comisión de presuntos delitos. En 2020, 56.42% de los delitos no denunciados en Tlaxcala fue atribuido a la actitud de servidores públicos, mientras que, a nivel nacional, fue el 60.66%.
La debilidad del sistema es clara: no se puede generar confianza en la población, para investigar y resolver las denuncias, ni para abatir los altos índices de impunidad, porque los procesos de investigación e impartición de justicia no están a la altura de las expectativas ciudadanas. Prevalece una sensación de pérdida de tiempo, de trámites largos y difíciles, de actos de tortura y corrupción, y esa percepción negativa se fortalece.
A ocho meses del inicio de su administración, Lorena Cuéllar tiene en la inseguridad su principal desafío. La capacidad de respuesta de su gobierno a hechos específicos de violencia se ha puesto en duda a falta de estrategias claras y contundentes que corrijan el desempeño de las dependencias del sector.
La criminalización de las víctimas afecta la experiencia y las expectativas de los usuarios del sistema de seguridad y procuración de justicia, por lo que es momento de enfocar esfuerzos a la dignificación de sus servicios para ofrecer, principalmente, un trato humanitario y empático con las víctimas que recupere la credibilidad de las instituciones y acreciente la confianza de los ciudadanos.
Urge revisar la actuación de la PGJE y emprender cambios pronto. Como ya lo señala el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027: “la procuración de justicia en el estado requiere dar un giro en su actuar, a fin de mejorar las técnicas de investigación e integración de carpetas, así como establecer un modelo integral para la atención a víctimas, promover la cultura de la denuncia, y aplicar esquemas de coordinación efectiva para agilizar el proceso de procuración de justicia”.
Si en su gobierno lo saben, ¿por qué no lo hacen?
