En Tlaxcala, la narrativa de la Cuarta Transformación, y de la Nueva Historia, pasa por un momento gris. Gris, porque a la crisis de inseguridad se suma ahora un déficit de gobernabilidad que hace pasar inadvertidos los trabajos que la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros emprende con espacial ahínco en materia de desarrollo social y reactivación económica.
Este déficit de gobernabilidad se nota en la manera en que la autoridad estatal responde, no solo a los problemas sociales, sino a la manera en que los ciudadanos se organizan para ser escuchados.
El pasado 8 de marzo, la marcha de colectivos feministas en contra de la violencia hacia las mujeres derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales en el centro de la Ciudad de Tlaxcala. Ante las pintas en fachadas y daños a inmuebles en el Centro Histórico, los uniformados usaron gas lacrimógeno para repeler los actos de protesta.
El 5 de mayo, trabajadores de la Secretaría de Salud (Sesa) bloquearon la carretera Tlaxcala-San Martín, a la altura de «El Trébol», para exigir su participación en el proceso para acceder a una base laboral, luego de que Tlaxcala iniciara la transición al programa IMSS-Bienestar, por el cual serán federalizados los servicios de salud en la entidad. Sin embargo, fueron desalojados mediante el uso de la fuerza pública estatal, para reabrir la vía de comunicación.
Posteriormente, el 12 de mayo, integrantes de la organización Futuro México (Futumex) realizaron una manifestación en la capital para exigir más apoyos para la educación y acceso a recursos internacionales, pero al no ser recibidos en Palacio de Gobierno, cerraron la Avenida Juárez, y los policías estatales procedieron a disolver la movilización y detener a su líder, junto con dos jóvenes del contingente.
Estos hechos, inevitablemente, prenden un foco de alerta. Si el gobierno tiene, como primera respuesta ante la protesta social, la represión, hace evidente su falta de capacidad de diálogo. Al menos en estos tres casos, se aprecia que los canales de comunicación no fueron agotados, y sin comunicación, sencillamente, no hay gobernabilidad democrática.
Tal situación es palpable en el conflicto que prevalece en Santo Toribio Xicohtzinco, donde la confrontación entre los simpatizantes del alcalde Luis Ángel Barroso y un grupo de ciudadanos opositores provocó la muerte de un joven por disparo de arma de fuego y otro herido, el pasado domingo. De poco sirvió la presencia de integrantes de la Dirección de Gobernación y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el lugar. Y la situación ha escalado a tal punto que, con la tolerancia de las autoridades, el clima de tensión social abre la puerta a venganzas individuales y más encono social.
El problema en Xicohtzinco está por cumplir un año, pues se generó por la inconformidad de los resultados electorales en esa comuna. El expediente parlamentario, relativo a la petición de los inconformes de disolver el Ayuntamiento y nombrar un Concejo Municipal, lleva siete meses sin respuesta en el Poder Legislativo. No obstante, la responsabilidad por las condiciones de ingobernabilidad que afecta a más de 23 mil 300 habitantes no es asumida por las partes: el Presidente Municipal, la Secretaría de Gobierno, y las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Municipales del Congreso del Estado.
Finalmente, en materia de seguridad pública, que es un componente importante de la gobernabilidad, la autocrítica sigue ausente. Según el último reporte oficial de la incidencia delictiva estatal, en el primer cuatrimestre del año crecieron en 12.5% los delitos denunciados, de modo que no solamente aumentó la percepción de inseguridad en 7.6 puntos, en el primer trimestre de 2022, como lo reportó el INEGI, sino que también hay un incremento en los delitos de alto impacto y, en consecuencia, una mayor presión en procuración de justicia.
La situación se agrava si se considera que, de acuerdo a las bancadas del PRD y el PRI en el Congreso local, la Presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política, a cargo de Morena, ha bloqueado desde principios de mes la iniciativa para llamar a comparecer a la titular de la Procuraduría General de Justicia por el aumento de desapariciones de jóvenes, de feminicidios, e incluso, casos de tortura al interior de la dependencia.
La gobernadora Lorena Cuéllar, que se ha mostrado activa apoyando a los candidatos de Morena a las gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca, debe valorar, no únicamente la continuidad de las estrategias y los resultados de las áreas de Gobernación y Procuración de Justicia, sino también de sus titulares, y solicitar al nuevo responsable de la SSC acciones que, con contundencia, reduzcan el delito y garanticen la paz social.
Los recientes resultados del índice de Paz México 2022, que ubican a Tlaxcala como el segundo estado más pacífico del país, son en los hechos la fotografía del año pasado. Y al igual que las estadísticas de seguridad, que colocan a Tlaxcala como el segundo estado con menos incidencia delictiva, ya no consuelan al ciudadano que vive, en carne propia, los efectos nocivos de la incapacidad de las autoridades para brindarle condiciones elementales de tranquilidad.
