Xel Arianna Hernández propone quitar licencia a deudores alimentarios
La suspensión de la licencia de conducir y el cobro de la pensión sobre la totalidad de los ingresos de los deudores alimentarios plantea la iniciativa presentada por la diputada local del Partido del Trabajo, Xel Arianna Hernández García, que propone adicionar el artículo 165 Bis de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla y reformar el artículo 503 del Código Civil.
De acuerdo con la consulta que realizó Sucesos Puebla a la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, la propuesta busca que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) enfrenten la suspensión de su licencia de conducir y de los permisos expedidos en materia de movilidad.
El segundo cambio impactaría directamente en el monto sobre el cual se realiza la retención de la pensión alimenticia. La iniciativa establece que el descuento deberá aplicarse sobre la totalidad de los ingresos del deudor, sin limitarse únicamente al salario o sueldo fijo.
“Cuando se decrete el descuento o retención de pensión alimenticia, ésta deberá aplicarse sobre la totalidad de los ingresos del deudor alimentario”, señala textualmente el documento.
La modificación al artículo 503 contempla como ingresos ordinarios el salario, sueldo o remuneración fija, mientras que entre los extraordinarios incluye aguinaldo, primas, bonos, comisiones, compensaciones, gratificaciones y participación en utilidades. La lista no sería limitativa.
En la exposición de motivos, Hernández García argumentó que actualmente se han adoptado criterios que limitan la retención de la pensión exclusivamente al sueldo base, dejando fuera ingresos extraordinarios. La propuesta pretende establecer expresamente en el Código Civil que esos recursos también sean considerados para el cumplimiento de la obligación alimentaria.
La legisladora sostuvo además que la omisión en el pago de la pensión constituye una forma de violencia económica, al afectar los recursos destinados a la subsistencia y generar consecuencias para las personas encargadas del cuidado de hijas e hijos. El documento también señala afectaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las modificaciones aún son una propuesta y no se encuentran vigentes. El documento establece que, en caso de aprobarse y publicarse el decreto, entraría en vigor 547 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
