Foto: Agencia Enfoque
Armenta anuncia revisión del penal de San Miguel y traslado de dos reos
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció una revisión integral del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, con la participación de fuerzas federales, además del traslado de dos personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad fuera del estado.
El anuncio se produjo un día después de los bloqueos registrados en ocho puntos de Puebla capital y la zona metropolitana, mediante los cuales un grupo de manifestantes exigió la destitución del director del centro penitenciario, Jorge Ortiz Delgadillo, y el freno a las presuntas extorsiones contra internos y sus familiares.
En entrevista, el mandatario señaló que la revisión se realizará en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Comisión de Inteligencia de la Federación, con el propósito de conocer las condiciones de operación y seguridad del penal.
Sobre el traslado de los dos internos, indicó que ya instruyó a las áreas correspondientes para analizar el procedimiento y concretar su reubicación fuera de Puebla.
Grupo armado se hizo pasar por familiares
El gobernador también afirmó que la protesta habría sido encabezada por sujetos armados y con el rostro cubierto con pasamontañas, quienes presuntamente fueron contratados para participar durante dos horas en los bloqueos.
Asimismo, informó que el director del penal de San Miguel también se encuentra bajo investigación, por lo que su actuación será revisada como parte de las indagatorias sobre el funcionamiento del centro penitenciario.
La movilización del martes 10 de noviembre comenzó alrededor de las 11:30 horas y afectó ocho puntos estratégicos: Periférico Ecológico, avenida Reforma y 11 Sur, avenida Reforma y 3 Sur, Casa Aguayo, la autopista México-Puebla a la altura de Xoxtla, la caseta hacia Atlixco, Camino al Batán y las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos.
Los inconformes se identificaron como familiares de personas recluidas en San Miguel y denunciaron presuntos cobros ilegales que, de acuerdo con sus testimonios, van de 20 mil hasta 300 mil pesos, además de amenazas y represalias contra los internos que se niegan a pagar. jornada.com.mx +1
Armenta sostuvo que, independientemente de las personas que presuntamente organizaron los bloqueos, las denuncias sobre el penal serán investigadas y reiteró que su administración está dispuesta a establecer mesas de diálogo.
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