De acuerdo con la Secretaría de Salud, más del 80% de las personas con discapacidad viven más de 30 años en instituciones peligrosas o abusivas.

Un muchacho de Yucatán de 28 años trabaja en un supermercado durante el día, pero vive en el hospital psiquiátrico que ha sido su casa desde niño. Otra joven, de 24 años, sueña con casarse, formar una familia y abandonar el instituto donde es retenida desde que tenía 14. Ambos representan la realidad de miles de personas despojadas de sus derechos por motivo de sus condiciones mentales.

La asociación Disability Rights International (DRI) elaboró recientemente el informe Crímenes de Lesa Humanidad: Décadas de Violencia y Abuso en las instituciones para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad. El documento permite ubicarse en los procesos de institucionalización de las personas con discapacidad intelectual, los cuales buscan la domesticación a través del despojo de las identidades.

DRI es una organización internacional que lleva 25 años documentando y denunciando violaciones a las garantías individuales en espacios institucionalizados. Ha realizado acciones de incidencia a nivel regional, nacional e internacional para promover los derechos de las personas con discapacidad. Representantes del colectivo presentaron sus hallazgos y reflexiones al público virtual de la IBERO Puebla.

En el último informe, el sexto en su haber, DRI recopila testimonios de 11 estados de la República, 55 instituciones y cerca de mil niñas, niños, adolescentes y adultos mayores con discapacidad. Situado entre 2015 y 2020, el análisis abarca orfanatos, instituciones psiquiátricas, albergues y centros de tratamiento de adicciones.

El común denominador de los espacios de internamiento es la vulneración del derecho a la vida. Por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano de Puebla (300 habitantes), los pacientes son sometidos a tratos denigrantes a través de aislamiento, sujeciones físicas o químicas e intervenciones invasivas. Asimismo, se observó violencia física y sexual, trata laboral, esterilización forzada, falta de acceso a la justicia y carencias de higiene.

Otros casos paradigmáticos incluyen a las instituciones Casa Esperanza (Ciudad de México), Ciudad de los Niños (Guanajuato) y la Gran Familia (Michoacán). En ellas, las personas eran internadas en contra de su voluntad y sometidas a múltiples violencias. Como explicó su directora para México, Lisbet Brizuela, DRI ha intercedido por varios casos de abuso en estos y otros recintos, los cuales continúan en proceso.

Un crimen de lesa humanidad tiene lugar cuando se da un ataque sistemático e intencional a una población civil. Los atentados contra las personas con discapacidad cumplen con varios de estos criterios: los abusos son graves y sistemáticos y se despoja a los individuos de sus derechos mediante la segregación. “El sistema de institucionalización en México que es abusivo y peligroso es resultado de leyes, políticas y omisiones del Estado”, advirtió Brizuela.

De acuerdo con el artículo 19° constitucional, las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de manera independiente en la comunidad. Aun así, el Gobierno de México ha sido omiso a los llamados del Comité de los derechos de las personas con discapacidad a cerrar las instituciones de segregación para personas con discapacidad mental.

Ya ha habido intentos por parte del Estado para terminar con los internamientos forzados. Uno de ellos fue el Modelo Hidalgo, mediante el cual se crearon villas transitorias para que las personas con discapacidad pudieran salir progresivamente a ejercer su derecho a una vida libre. El proyecto fracasó debido a la falta de apoyos sociales.

Como explicó Eunice Díaz de la Vega, colaboradora de DRI en el tema de Mujeres y Discapacidad, muchas personas recluidas en las instituciones han sido abandonadas o encerradas, principalmente por falta de recursos económicos y de infraestructura. Tal hecho puede observarse en el instituto Rafael Serrano, el cual todavía alberga pacientes ingresados en 1966.

Raquel Pastor, directora de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, A. C. y madre de un joven con autismo, reconoció que las atenciones y tratamientos a las discapacidades suponen altos costos económicos, donde los saberes populares han supuesto un mecanismo de contención.

“Lo más importante es que las sociedades no tienen que asumir la carga económica. Con la apertura de oportunidades, la discapacidad desaparece; la ponemos nosotros”: Raquel Pastor.

Tras una estancia residencial en Estados Unidos, constató la existencia de una ley relacionada con la inclusión de todas las infancias en las escuelas para garantizar el desarrollo integral. Para ello, los menores de la diversidad funcional son incluidos en grupos escolares convencionales; de ser necesario, se les da un acompañamiento personalizado.

Los niños también reciben todas las facilidades para incorporarse a actividades extracurriculares que favorezcan su crecimiento. El hijo de Raquel pudo incorporarse a clases de canto, teatro y regularización en matemáticas para mejorar sus habilidades comunicacionales e intelectuales. Hoy en día se prepara para ingresar a la universidad.

En su regreso a México, el contraste le permitió confirmar que en nuestro país los espacios educativos están sobrepoblados y las diferencias no son bien recibidas por el grueso poblacional. La falta de oportunidades de educación, sumó la experta, deviene en ambientes adversos de empleabilidad, tanto para la búsqueda como para la permanencia en espacios de trabajo.

Desde sus vivencias como activista y como madre, Pastor recalcó que la atención temprana y horizontal, así como el involucramiento de la sociedad, es fundamental para generar cambios. “Nos falta mucho culturalmente para pasar a la construcción de alternativas institucionales. Las personas con discapacidad deben ser la prioridad”.