Sofía Rodríguez
Para diciembre se pronosticó un repunte de los contagios ante el riesgo de una cuarta ola por el invierno y la baja de cuidados en los convivios de las reuniones de temporada. Antes de que esto ocurriera, Puebla volvió a pintarse de rojo con la explosión de polvorines.
Al menos una decena de personas habían muerto hasta la primera quincena de diciembre por estos siniestros, resultado de la elaboración y venta clandestina de los mismos de los que ciertamente los ciudadanos también son responsables por no denunciar a tiempo.
La primera explosión se registró en el municipio de Juan C. Bonilla donde un taller explotó dejando una persona fallecida y ocho lesionadas, esto durante la noche del 5 de diciembre.
A la siguiente noche la escena volvía a repetirse en el municipio General Felipe Ángeles que arrebató la vida a una familia completa dedicada a la pirotecnia. El padre de familia, su nuera y menores de edad habían sido las víctimas fatales de la explosión.
Adicional a ellos, otras 11 personas habían resultado heridas por lo que fueron trasladadas a los hospitales más cercanos para su oportuna atención.
Al menos en 2019 se vivió un escenario similar, cuando en Amozoc también estalló un polvorín, precisamente el 6 de diciembre, como dos años después ocurrió en Juan C. Bonilla, que en aquella ocasión dejó al menos cuatro fallecidos.
De ahí que el gobierno de Puebla haya iniciado una serie de reuniones, a través de la Secretaría de Gobernación, con presidentes municipales donde se ha detectado esta actividad, para identificar talleres dedicados a la pirotecnia que no están autorizados por la Sedena para fabricación o almacenamiento.
Es decir que no forman parte de los 232 establecimientos que sí cuentan con permiso para el manejo o manipulación de pirotecnia, y que la comercializan de manera ilegal porque el único punto de venta autorizado es el mercado de Xiutetelco que cuenta con las medidas de seguridad.
