Puebla inicia mayo en 8° lugar por violencia política de género
Con 11 personas, Puebla inicia el mes de mayo en octavo lugar por inscritos al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE).
El primer lugar lo tiene Oaxaca con 143, después está Veracruz con 72, Chiapas con 37, Tabasco con 26, Estado de México con 22, Guanajuato con 20 y Campeche con 17. Después de Puebla figuran tres estados con el lugar número 9, que son Morelos, Nayarit y Zacatecas con 10 inscritos, en décimo lugar se encuentra Michoacán con 9 personas registradas.
También hay exalcaldes como Bernardino Aquino Beléndez, de San Antonio Cañada; Edmundo Jesús Ramírez Castillo, el expresidente de Santiago Miahuatlán; Omar Arteaga Ortigoza, el exedil de Tuzamapan de Galeana; así como Pascual Morales Martínez, expresidente de Francisco Z. Mena. Otro político municipal inscrito es el exregidor panista en Puebla, Miguel Ángel de Jesús Mantilla Martínez.
El exdiputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel y la extitular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en la administración de Miguel Barbosa Huerta, Elsa Bracamonte González, también forman parte de este listado.
Además aparecen personas dedicadas a los medios de comunicación, como el comunicador Gerardo Ruiz Herrera.
La violencia política en razón de género es toda acción u omisión basada en elementos de género que busque limitar o anular el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una mujer.
Este tipo de violencia puede ser cometida por diversos actores, como dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos o sus representantes. Además, los medios de comunicación y sus integrantes o cualquier persona o grupo, pueden ejercer este tipo de agresiones.
También se considera violencia obstaculizar su acceso a la justicia y divulgar información personal y privada o tener una distribución desigual de recursos en campañas, amenazas, difamación, desprestigio y calumnias. Se suma restringir el uso de la palabra en sesiones o reuniones, usar lenguaje sexista y denostativo, discriminar por embarazo o parto, impedir que rindan protesta, bloquear su reincorporación tras una licencia justificada, obligarlas a firmar documentos contra su voluntad y presionarlas para renunciar al cargo.
Puebla inicia mayo en 8° lugar por violencia política de género
