Después de las reformas constitucionales que impactan en el Sistema de Justicia en el Estado, será en un mes cuando se tengan listos “los esqueletos” de las iniciativas de leyes secundarias a reformarse, se planea que antes del 15 de diciembre queden avaladas por el Congreso del Estado, refirió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
El mandatario estatal comentó que “queremos en un mes tener los esqueletos de las leyes secundarias para que pueda ser posible que en este periodo se desahoguen por el Congreso todas las reformas planteadas, son muchísimas leyes”, dijo.
Barbosa Huerta detalló que se han realizado mesas de trabajo entre abogados de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo para avanzar en las propuestas que serán presentadas ante las y los 41 legisladores locales.
“Tenemos muchas propuestas que están en curso, pero vamos generando un calendario que pueda ser atendido por el Congreso local, eso es también una forma de planear las cosas, hay mucha carga de trabajo, solo con el tema de las leyes secundarias para la Reforma Constitucional, están integrados ya equipos de redacción, como asesores del gobierno del estado, Poder Ejecutivo, con magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con despachos muy profesionales del gobierno”, comentó.
#ULTIMAHORA | En un mes estarían listas las leyes secundarias de las reformas enviadas al @CongresoPue, las cuales tendrían que ser analizadas antes del final del periodo ordinario, refirió el gobernador @MBarbosaMX. 🔎
➡️ https://t.co/0zLwZud2f6 pic.twitter.com/brLa2uRboO
— Sucesos Puebla (@sucesospuebla) October 19, 2022
La Reforma Constitucional que impacta en el Sistema de Justicia es una de las más importantes que ha impulsado el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, con las modificaciones legales se establece que los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura tendrán diferentes presidentes que no podrán ser reelectos más allá de su periodo de 4 años, lo que permite un balance, equilibrio y renovación institucional.
Las y los magistrados ya no serán vitalicios, sino que durarán en su cargo 15 años; obliga a los servidores públicos a presentar declaración pública de intereses respecto de vínculos con otros integrantes del Poder Judicial; a observar reglas de contacto para transparentar su actuación; a mantener una permanente actualización, entre otras.
