Los trabajadores de la Secretaría del Bienestar Federal quienes participaron en las incitaciones a actos de violencia ya están identificados y ya fueron reportados, señaló el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
Luego de las protestas en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en Ajalpan y Zinacatepec, en las que participaron los denominados “servidores de la nación”, ya fueron reportados con sus superiores ante la Secretaría del Bienestar Federal, pues su comportamiento no es propio de servidores públicos.
“Hay fotografías, videos, declaraciones de algunos integrantes de bienestar en diferentes municipios, ellos tomarán sus decisiones, pero desde mi opinión su comportamiento se apartó totalmente de su función como servidores de la nación, encargados de la aplicación de programas sociales federales, tan importantes en este gobierno, esperamos respuesta, pero tienen toda la información”, dijo el mandatario local.
A pregunta expresa de posibles denuncias en contra de la diputada federal, Inés Parra Juárez, dijo que ya corresponderá a los ayuntamientos involucrados en el tema proceder al respecto, pues son los municipios los que tienen más información del tema, pero por parte del gobierno del estado estará pendiente de atender este tema, pues reprobó los hechos de violencia.
Por otra parte, el gobernador comentó que sería bueno que el diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, informe con respecto al trabajo que ha realizado, su gestión y los recursos que ha logrado bajar a los municipios.
“Que haga el diputado Alejandro que la haga, ojalá que lleve noticias sobre mejoras al estado, sobre mejoras presupuestales, obras que haya conseguido, ojalá eso es muy bueno y que los diputados sean buenos legisladores, gestores y buenos políticos, entonces ahora que vayan a recorrer sus distritos o estado lleven buenas noticias, lleven la información de las obras que seguramente ya consiguieron”, dijo.
Y es que, el legislador anunció que hará una gira de trabajo para informar, con respecto al cobro del DAP, a pesar de que este cobro se ha realizado por varios años, luego de convenios ilegales que suscribían ayuntamientos con la Comisión Federal de Electricidad.
