Sofía Rodríguez
Los servidores públicos que intervengan con la entrega de expedientes o permisos y licencias constancias de cualquier tipo que causen daños graves a la salud pública, medio ambientes y recursos naturales pasarán hasta cinco años en cárcel y serán inhabilitados para desempeñar un cargo público.
Así lo planteó el diputado local de Morena, Roberto Solis Valles en su propuesta de reforma al artículo 198 del Código Penal del Estado de Puebla, en la que además propone multas de cien a veinte mil días de salario, equivalentes a más de dos millones de pesos.
También plantea la inhabilitación de los sujetos involucrados para ocupar un cargo en el servicio público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado la pena privativa de la libertad que se propone de tres a cinco años; que deberá correr a partir de que aquella se haya cumplido.
En su iniciativa presentada ante el Congreso local propone reformas al artículo 198 del Código Penal, referente a delitos contra el medio ambiente, para aumentar de dos mil a veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) la multa a quien por cualquier medio contamine o deteriore el ambiente, afecte los recursos naturales u ocasione un daño ambiental o desequilibrio ecológico.
En esta se incluye la tala clandestina de árboles, que en octubre pasado ya había adelantado por la deforestación registrada en la región Izta-Popo, u otras partes del estado donde las autoridades municipales se han visto rebasados para hacer frente a estas prácticas por grupos delictivos
