Armenta acota responsabilidades municipales y recuerda facultades constitucionales
El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que no le corresponde corregir ni llamar la atención a presidentes municipales por el ejercicio de sus responsabilidades, al señalar que estas se encuentran definidas en el Artículo 115 de la Constitución. Añadió que existe un marco institucional con atribuciones específicas para supervisar el desempeño de los gobiernos locales.
En su declaración, el gobernador precisó que las obligaciones municipales incluyen la prestación de servicios públicos, la administración de recursos y la planificación presupuestal.
El mandatario estatal ejemplificó el caso de ayuntamientos que destinan la totalidad de recursos de origen federal a una sola obra, sin atender rubros como seguridad, agua potable, alumbrado, mantenimiento de espacios públicos o recolección de basura. Señaló que dichas decisiones forman parte del ámbito municipal y que su revisión corresponde a las autoridades fiscalizadoras.
Armenta Mier indicó que la vigilancia del ejercicio público municipal recae en los cabildos, los síndicos, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría estatal, las contralorías municipales y la Secretaría Anticorrupción. Agregó que los diputados locales tienen facultades de fiscalización y pueden realizar observaciones derivadas de su representación popular.
En este contexto, el mandatario sostuvo que el gobierno estatal debe ceñirse a sus propias competencias y que, en caso de incumplimientos, las instancias federales pueden requerir información o iniciar procesos de revisión. Señaló que el sistema de responsabilidades públicas está diseñado para operar mediante contrapesos, supervisión y control institucional, y no mediante llamados de atención directos entre órdenes de gobierno.
El gobernador aclaró que sus declaraciones no constituyen confrontación con los ayuntamientos, sino una delimitación de competencias entre niveles de gobierno y de los instrumentos previstos para la supervisión del ejercicio público.
Armenta acota responsabilidades municipales y recuerda facultades constitucionales
