Sofía Rodríguez
Para impedir que mediante prestanombres, servidores públicos operen notarías en el estado, el gobernador Miguel Barbosa presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Puebla para castigar hasta con cárcel a quienes incurran en estas prácticas.
La finalidad es que quienes obtengan una patente deberán de atender de manera directa todos los encargos que tengan de parte de la sociedad.
En su propuesta enviada al Congreso local propone adicionar el artículo 244 Bis que establece que se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización UMAs.
Es decir que pagarán hasta 48 mil pesos quienes no desempeñen personalmente su función y su actividad notarial.
Cabe mencionar que ex funcionaros morenovallistas incurrieron en estas prácticas, no sólo con la entrega discrecional de patentes notariales al cierre del sexenio, sino con el uso de prestanombres mientras ellos eran los verdaderos operadores y beneficiarios de las actividades notariales.
Entre ellos Roberto Moya Clemente, María Mercedes Aguilar López y Eukid Castañón Herrera, entre otros, cuyas patentes fueron recuperadas por la administración morenista.
La iniciativa establece que se aplicará la misma sanción para quien actúe en folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial, que no tengan secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la misma; provoque dolosamente la nulidad de un instrumento o testimonio y cause daño o perjuicio directo a los prestatarios o destinatarios.
Para quienes impidan las visitas ordinarias, extraordinarias, de inspección o especiales; permita la suplantación de su persona, firma o sello, e incumpla con el pago de los impuestos y derechos que se otorguen conforme a la normatividad aplicable.
